Acaba de aprobarse la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, de 16 de abril 2015, que entrará en vigor en 6 meses. Debemos felicitarnos por ello, habida cuenta de la dispersión y carencias legales que existían al respecto. No obstante, no todas sus previsiones han logrado el consenso que se hubiese deseado. Quisiera detenerme sólo en una insuficiencia de esta nueva norma, más bien en una oportunidad desperdiciada que hubiese coadyuvado a una mejor protección de las víctimas del delito frente a los medios de comunicación y frente al afán voraz del público por acceder a cualquier detalle sobre el delito y el proceso penal que le sigue.